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José Fernández Vázquez Estoy en desacuerdo con lo expresado por Pedro Barato, presidente de ASAJA (Asociación de Jóvenes Agricultores), en su artículo El compromiso del campo con le @afud de los españoles (EL MUNDO, Tribuna Ubre, 25 de abril de 2001). Mi trabajo y mis vivencias, que se alargan a cerca de los 40 años, no dejan reconocer la realidad que el señor Pedro Barato describe. La inmensa mayoría de las exploraciones agrícolas y ganaderas de este país no están creadas, ni nacieron, para dar satisfacción a la sociedad en materia alimentaria. No existe, al crear una empresa esa preocupación, ni está en las mentes de los que ponen en marcha una actividad o un nuevo cultivo en el mercado, la prioridad de la salud humana. Cuando nace una empresa o aparece en los campos un cultivo agrícola, hay un solo y gran pensamiento: la rentabilidad en términos económicos. Y sobre ese objetivo se trabaja y se piensa. Y no hay muchos indicadores que apunten al cambio. Porque al contrario de lo que manifiesta el señor Pedro Barato, desde Europa se practica y se subvenciona además, una política agraria que va en el mismo sentido. Agricultura y ganadería en régimen de superproducción intensiva, que sólo sirva para sacar el mayor de los rendimientos posibles, y conseguir más dinero fácil y rápido de sus empresas. A pesar de lo que afirma el presidente de ASAJA, sí es posible otro tipo de agricultura y otro tipo de ganadería nada utópica, y en ella está nuestro futuro. Organizaciones empresariales de pequeños campesinos y ganaderos de este país, que están estrechamente ligadas al campo y al medio rural, defienden y creen que es posible una forma distinta de producir, teniendo como primera prioridad la buena y sana alimentación de las personas, y lo que es tan importante, que llegue a todas las partes del mundo. Desde estas organizaciones se exige quitar del mercado todos los productos venenosos, y perjudiciales para el futuro de la salud de la gente, y que además deterioran gravemente nuestro hábitat, que se emplean hoy día en los campos agrícolas, no sólo españoles, sino en todo el planeta. Las subvenciones públicas a la agricultura y a la ganadería no deben llegar a manos de empresarios, que no estén dispuestos a formar parte de un nuevo modelo productivo que ponga por delante, el bien común de la sociedad, y de las personas que vivimos en ella. Las autoridades políticas tienen la obligación de poner todo su empeño. |
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